Sen. Graciela Ortiz González (03-09-13)

Intervención de la Sen. Graciela Ortiz González, para referirse al proyecto de decreto que reforma el Artículo Cuarto Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el Artículo 48 Bis-2 de la Ley de Asociaciones de Crédito, el martes 03 de septiembre de 2013.

Muchas gracias señor presidente;

Compañeras y compañeros senadores:

Quiero presentar ante ustedes esta mañana en este inicio del Periodo Ordinario, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar dos artículos, uno, el Artículo 4 Bis, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y el Artículo 48 Bis-2, de la Ley de Instituciones de Crédito, para fomentar la movilidad de los usuarios entre las entidades, bajo la siguiente exposición de motivos.

La competencia económica es esencial para que los mercados funcionen de manera ordenada, y hagan una asignación eficiente de los recursos de un sector.

Los servicios no escapan a esta condición y más tratándose de una actividad fundamental para la economía del país.

Este Congreso de la Unión ha venido impulsando cambios legislativos a diversas leyes, precisamente que promueven la competencia y el acceso al crédito de los usuarios de los servicios financieros, poniendo énfasis sobre todo en la transparencia de las comisiones, y poniendo también énfasis en las tasas de interés que cobran estas entidades financieras.

El pasado 15 de mayo, lo sabemos, el Ejecutivo envió a este Congreso la reforma financiera, la cual incluye una serie de enmiendas al marco jurídico del sector financiero.

Por ello consideramos que esta propuesta fomentará la competencia, porque nos permite la posibilidad de que los usuarios puedan transferir sus créditos al consumo, de una entidad financiera o comercial a otra, que les ofrezcan mejores condiciones.

Esto, sin duda alguna, va a facilitar y promover la movilidad de los créditos sin restricciones. Esto sería, a mi juicio, y por eso es la propuesta, relevante para este sector, en especial tratándose de las tarjetas de crédito, debido a su alta penetración, que junto con las de débito y prepagadas se han convertido en un medio de pago cada vez más usado en todos los niveles socioeconómicos.

Datos del Banco de México, de febrero del 2013, indican que había a esa fecha, 15 millones 805 mil 350 tarjetas de crédito en el país, y que son utilizadas como un instrumento de financiamiento, ya que el crédito otorgado a través de estas tarjetas representaba el 47 por ciento del crédito total al consumo otorgado por la banca múltiple.

Las entidades financieras cobran, además, una comisión por uso de tarjetas de crédito, de débito y prepagadas, denominada comúnmente como anualidad, y que se cobra por año.

Es especial el caso de las tarjetas de crédito, en razón que las comisiones por anualidad son sustanciales.

En febrero del 2013, la anualidad ponderada nominal por el uso de una tarjeta clásica, fue de 448 pesos, para una tarjeta oro de 604 pesos, y para una tarjeta platino, hasta mil 927 pesos.

Algunas entidades financieras no cobran esta comisión, pero hay casos en los que la anualidad alcanza hasta los 11 mil pesos.

Esta comisión que se cobra de manera anticipada, se exige su pago en el primer mes del año, cuando comienza justamente un nuevo periodo de uso de la tarjeta.

Por ello, nos han manifestado algunos usuarios que cuando cancelan una tarjeta, la comisión por anualidad ha sido ya cobrada y cuando reclaman la cancelación de ese cobro o la parte proporcional del mismo, las entidades imponen una serie de medidas burocráticas administrativas, que orillan a los usuarios a rendirse ante la realidad y a mejor no hacer el reclamo por esta anualidad.

En consecuencia, proponemos reformar la ley para la transparencia, con el objetivo de que, tantos las entidades financieras como comerciales, cuando determinen sus comisiones por la prestación de sus servicios, éstas solamente las puedan fijar no en cobro único, sino en cobro mensual.

Tendríamos varios beneficios, el usuario estaría consciente todo el tiempo del costo que paga por un servicio o línea de crédito, se da mayor transparencia en el cobro de las comisiones, se fomenta la competencia entre las entidades, y por supuesto, también se facilita la movilidad de los usuarios en las entidades.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la reforma financiera, una vez que sea conocida, discutida, analizada y en su caso aprobada por esta Cámara, alcanzará sus objetivos de incorporar a más personas al sistema financiero formal del país, a través de mejores condiciones crediticias.

En tal virtud, consideramos que esta reforma que estamos hoy presentando a estas dos leyes aludidas, viene a fortalecer el esquema de reforma financiera que busca mejorar las condiciones de otorgamiento de crédito, pero también mejorar las condiciones en las que los usuarios, los millones de usuarios en el país, recibimos este otorgamiento.

Por su atención, muchas gracias.