Sen. Daniel Amador Gaxiola, respecto al dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente (03-09-13)

Intervención del Sen. Daniel Amador Gaxiola, durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios del Senado de la República, respecto al dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el martes 03 de septiembre de 2013.

Con su permiso senador presidente;

Compañeras y compañeros legisladores:

Soy maestro normalista antes que senador de la República, y me siento muy orgulloso y agradecido con mi bancada de que me hayan permitido posicionar en esta ocasión el tema que estamos discutiendo, de la Ley del Servicio Profesional Docente.

Sin duda, en el Senado de la República reconocemos a todos los maestros que contribuyen a la transformación y grandeza de México desde las aulas.

A ellos, nuestro reconocimiento y admiración por su enorme compromiso con la educación que reciben diariamente millones de mexicanos, en todos los niveles educativos.

El Grupo Parlamentario del PRI reafirma su responsabilidad de legislar por un México con educación de calidad para todos. A nombre de mi partido, felicito a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados por su compromiso, determinación y responsabilidad para aprobar la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Que quede claro, esta nueva legislación no representa un atentado en contra de los derechos laborales de los docentes, todo lo contrario, es un marco jurídico que obligará al Estado mexicano a brindar a los maestros todo el apoyo para su superación profesional y elevar su calidad de vida.

En el Congreso de la Unión seguiremos escuchando todas las voces, dialogaremos con los maestros, pero bajo ninguna circunstancia podemos claudicar en nuestro compromiso de mejorar la calidad de la educación.

Lo decimos sin ningún titubeo: no hay marcha atrás en la transformación y democratización del sistema educativo nacional.

Honorable Asamblea:

Para garantizar que la educación se convierta en una verdadera palanca del desarrollo nacional, resulta fundamental elevar las exigencias para ejercer la función docente en las escuelas de educación básica y media superior del país. Este es el verdadero espíritu de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Por primera vez en la historia del sistema educativo mexicano, contaremos con un esquema de profesionalización docente que permitirá establecer criterios estrictamente académicos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros, directivos y supervisores.

A partir del ciclo escolar 2015-2016, los ingresos se darán únicamente por concursos públicos de oposición, es decir, quien ocupe una plaza lo hará por méritos profesionales.

Las autoridades educativas sólo estarán obligadas a contratar a los candidatos que hayan cumplido con los requisitos que se hayan publicado en las convocatorias.

Sin duda, con el Servicio Profesional Docente, damos un paso fundamental para acabar con el crecimiento desordenado de plazas y la discrecionalidad en los profesionales de la educación, pero sobre todo, sentamos las bases para alcanzar la calidad de la educación en nuestro país.

Las promociones y estímulos económicos estarán sujetos a evaluaciones del desempeño académico, por ejemplo, se otorgarán a quienes reúnan los requisitos que demanda el perfil, obtengan las mejores calificaciones en los exámenes, asistan a los programas de actualización, aprueben los cursos de inducción, acrediten su avance profesional, entre otros.

La permanencia de los maestros, directivos y supervisores en el Servicio Profesional Docente, estará determinada por las evaluaciones obligatorias que realicen la Secretaría de Educación Pública y sus homólogos en los estados.

Las evaluaciones se realizarán por lo menos una vez cada cuatro años. Los maestros que no aprueben las evaluaciones, falso que serán destituidos de sus cargos, todo lo contrario, la Ley prevé como un derecho, la obligación de autoridades educativas de brindarles inmediata capacitación.

El espíritu auténtico de la reforma es preparar y certificar a los mejores maestros sin separarlos de sus funciones.

Si algún personal docente muestra insuficiencia en su desempeño laboral, tendrá el derecho de acceder a una segunda y a una tercera evaluación para mostrar sus capacidades.

Los maestros, directivos y supervisores, tendrán un lapso de un año entre cada evaluación para prepararse, asistir a cursos y talleres de capacitación.

Únicamente quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en las evaluaciones, será separado de las aulas, pero nunca perderá su estatus laboral.

El aspecto importante de la Ley consiste en que serán acreedores de sanciones las personas, sean funcionarios públicos o los evaluadores acreditados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se beneficien, participen, autoricen algún pago u otro tipo de contraprestación a cambio de las plazas.

Se establece un sistema moderno, equitativo y eficiente, basado en la “meritocracia”, corresponderá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Secretaría de Educación Pública y organismos descentralizados, definir de manera imparcial instrumentos de evaluación, estándares de calidad a cubrir, y los perfiles profesionales para contratar, promover o separar de los cargos a los profesionales de la educación.

Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos días hemos tenido la oportunidad de enriquecer el dictamen que crea la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Corresponde ahora a las autoridades educativas a nivel nacional y estatales, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, crear las normas necesarias para estructura y organizar el funcionamiento y operación de los mecanismos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, que entre otros aspectos deberá garantizar la objetividad, transparencia y adecuada publicidad en la aplicación de los exámenes, la entrega oportuna de resultados y la ocupación de las nuevas vacantes docentes.

Reconocemos la participación de la Presidencia de la República, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, maestros y especialistas que hicieron posible la construcción de un proyecto incluyente a favor de la calidad de la educación.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que con la Ley General de Servicio Profesional Docente, generamos las condiciones para atraer, estimular y retener a los mejores maestros.

El Servicio Profesional Docente permitirá, sin lugar a dudas, elevar la valorización y prestigio de los profesionales de la educación, haciendo de ésta una actividad atractiva, desafiante y exigente, que creará mejores oportunidades de desarrollo a todos los estudiantes, avanzando en asegurar la calidad, efectividad y equidad del Sistema Educativo Nacional.

Es cuanto senador presidente.