INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DEL SENADOR OMAR FAYAD MENESES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
18 de diciembre de 2012.
La sociedad no confía en las instituciones responsables de seguridad pública, ya que a pesar de la suma de esfuerzos por parte de la sociedad, las instituciones públicas, privadas y el compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el personal que las conforma no está debidamente capacitado y profesionalizado, sin que a la fecha se haya logrado consolidar el Sistema de Control de Confianza para evaluar y certificar a las autoridades y personal que pertenece a las instituciones de seguridad pública.
La ciudadanía demanda instituciones que garanticen en todo momento su seguridad, con un interés manifiesto de contar con un estado de fuerza idóneo que sea capaz de influir la mística del servicio público pero, insisto, respetando el derecho y la garantía ciudadana para la conformación de las instituciones de seguridad pública que éstas sean sólidas, eficaces y honestas.
Este reclamo ciudadano para enfrentar la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción generó en le año 2008 que se suscribiera el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad como un mecanismo de coordinación entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, teniendo como uno de sus objetivos fundamentales, la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia bajo tres acciones fundamentales.
La primera, crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza, a través de un protocolo en la materia, creado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el 28 de noviembre del 2008. El segundo, impulsar en las entidades federativas, la creación de control de centros de evaluación y control de confianza certificados en las circunscripciones de seguridad pública.
El tercero, sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno a través de organismos certificados.
También se previó la existencia del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, organismo que ha mantenido actualizado al modelo nacional de evaluación y control de confianza de manera permanente.
Paralelamente, la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, impulsaron la creación de los centros de evaluación y control de confianza.
Actualmente, se encuentran en operación 38 centros, 3 a nivel federal, el de la Secretaría de Seguridad Pública, el de la Procuraduría General de la República y el del Instituto Nacional de Migración; 35 en las 32 entidades federativas, de éstos, 38 centros, 33 se encuentran acreditados y cinco se encuentran en proceso de certificación.
Para entender este tema prioritario, se alinearon los fondos y subsidios federales en materia de seguridad pública a un esquema de complementariedad, como resultado de ello en el ejercicio 2012, se comprometieron recursos por un monto de 2 mil 248 millones de pesos, pero pese a que se han realizado todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a la certificación a las instituciones de seguridad pública, pese a todos los esfuerzos que se han hecho por parte de la Federación y de cada una de las entidades federativas, ésta no se ha podido capitalizar.
Si bien al 31 de octubre del presente año, de una plantilla activa de 71 mil 614 elementos en el ámbito federal, se reportaba un avance del 100 por ciento de cobertura sobre el estado de fuerza de los elementos evaluados, en los ámbitos estatal, municipal y del Distrito Federal, la realidad ha sido que se reportan 293 mil 632 elementos de instituciones de seguridad pública de manera integral de un estado de fuerza que ha sido estimado en más de 426 mil elementos en activo, esto es, el 68% aproximadamente estimado que al mes de diciembre de 2012, se lograran a nivel nacional, un avance del 84%, dado que el 59% de las entidades federativas todavía no logrado lo estipulado.
En este contexto, es necesario revisar lo dispuesto en la Ley ya que al ubicarse más de la mitad de las entidades en el supuesto de no alcanzar la meta establecida, se deberán de suprimir jurídicamente las líneas específicas de atención al personal que no esté certificado para enero de 2013, como se plasma en el artículo 3 transitorio del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agravado por la separación del servicio de quienes no estén certificados como se estipula en el 4º transitorio del mencionado Decreto, hecho que redundaría en una fuerza pública debilitada por la disminución de elementos, lo que lejos de otorgar una mayor seguridad a la sociedad, crearía un efecto absolutamente contrario.
Ante todo esto, propongo a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que cuenten con un plazo de 365 días naturales contados a partir del día de entrada en vigor de este Decreto que les estoy proponiendo, para obtener la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, para fortalecer la credibilidad de las instituciones de seguridad pública y que todo este esfuerzo que se ha venido realizando alrededor ya prácticamente de cuatro años, no se pierda, se le de continuidad, se refuerce y de esta manera, podamos dar cumplimiento a un acuerdo importante que se tomó con la sociedad mexicana hace cuatro años, cuando los mexicanos nos propusimos tener cuerpos de seguridad pública mejor capacitados, cuerpos de seguridad pública perfectamente evaluados y que esto pudiera ser un instrumento más en la lucha que damos los mexicanos al crimen organizado, al narcotráfico y a los delitos en general.
Esta propuesta senadores, es de extrema relevancia para nuestro país, para poder lograr las metas en este gran esfuerzo; lo vengo a hacer hoy, a sabiendas que el día 3 de enero, concluiría el plazo establecido en el 3º transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Decreto que la expidió.
Vengo a pedirle además, a la Mesa Directiva su atención y su comprensión, a ustedes su atención y su acuerdo favorable para que se le dispensen prácticamente todos los trámites para que en este momento, pueda pasarse directamente a la discusión de este asunto tan importante, no sin antes referirles que ayer se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública y dentro del mismo, todos los gobernadores, de todos los estados y entidades federativas de la República, todos le pidieron al Presidente Peña Nieto y al Secretario Osorio Chong, pudieran atender tan importante asunto.
Por eso, la insistencia, por la magnitud del tema que hay que atender, de pedirles que hoy dispensemos todos los trámites, pasemos directamente a la discusión del asunto y ojalá que pueda contar con su aprobación, a fin de que podamos darle a todos los cuerpos de seguridad pública del país, un plazo que consideramos adecuado y prudente para cristalizar un esfuerzo que no debemos desperdiciar todos los mexicanos. Por la atención que se sirvan brindarle a esta Iniciativa con Proyecto de Decreto y a esta petición que hace el suscrito, muchísimas gracias.
El vicepresidente de la Mesa Directiva, Rosas Aispuro, dijo:
Informo a ustedes, por la importancia que ya ha señalado el senador Omar Fayad sobre la reforma al transitorio de la LGSNSP que efectivamente, es importante que resolvamos lo antes posible esto, esta mesa directiva ha acordado que se turne de inmediato a las comisiones para que éstas a la mayor brevedad pudiesen presentar el dictamen correspondiente, por eso pido se turne a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda y, en cuanto que las comisiones resuelvan esta directiva estaría en condiciones de agendar este dictamen para que lo pudieramos discutir a la mayor brevedad.