Sen. Graciela Ortiz González (11-04-13)

Intervención de la Sen. Graciela Ortiz González, para referirse al dictamen a discusión, respecto al Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del PJF, Ley Orgánica de la PGR y Código Penal Federal, el jueves 11 de abril de 2013.

Con su permiso presidente;

Compañeras y compañeros legisladores:

Me parece que estamos tratando un tema de la mayor importancia para el desarrollo de la vida democrática para el país.

Sin estridencias, creemos en el Partido Revolucionario Institucional, que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la humanidad, porque nos permite a partir de su ejercicio libre a la ciudadanía tomar decisiones más asertivas, forjarnos criterios, y de esa manera forjar naciones independientes, democráticas y plenas en el respeto a los derechos humanos, y México es una de ellas.

Tal como lo hemos venido haciendo desde que inició la presente Legislatura, una de las responsabilidades que esta soberanía ha privilegiado en todo momento, es el relativo a la defensa y protección de los derechos humanos, de las garantías individuales que nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales reconocen y protegen.

En los últimos años México ha transitado del reconocimiento de derechos y libertades, buscando ahora la efectividad de los mismos.

Sin embargo, no podemos desconocer --y aquí se ha dicho y se ha dicho con claridad--, habremos de ubicar también fechas, que existen situaciones de riesgos y amenaza que en ocasiones hacen imposible garantizar plenamente los valores que estamos obligados a tutelar, y es el caso que nos ocupa, bien lo han dicho aquí los compañeros que nos anteceden.

En el caso del ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión e información, que es una condición sine qua non para el desarrollo democrático del país, éste debe sustentarse en un grado de efectividad con que se ejercitan estos derechos sin más prohibiciones, limitaciones o restricciones que las señaladas en las normas en virtud del interés público social, y ciertamente esto no fue cumplido. Habría nada más que revisar las cifras que nos dan organismos internacionales.

México ha sido nombrado en diversas ocasiones como el país latinoamericano con el mayor peligro para ejercer el periodismo. Ocupamos el lugar 149 de 179, en el ranking mundial redactado por la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras.

En la administración pasada, debemos recordar que la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas, aumentó en más del 240 por ciento respecto a la administración de Vicente Fox, de diciembre de 2000 a noviembre de 2006 fueron asesinados en promedio, 4.3 periodistas por año, mientras que en el gobierno de Felipe Calderón, el cálculo rondaba los 10.4 homicidios de comunicadores anuales. Esto en todo el país.

No olvidemos que México es un país compuesto por 32 entidades federativas y que tiene establecida en la Constitución, atribuciones, facultades y competencias para los tres órdenes de gobierno.

En la medida en que logremos que esos tres órdenes de gobierno cumplan con su función, en esa medida lograremos avanzar como país. No podemos ver una parte y desconocer la otra.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el tema de la protección de las personas y en general de todos los actores y entes que intervienen en la actividad periodística de comunicación e información en cualquiera de sus modalidades, nos resulta un asunto sensible y prioritario.

Un asunto que no podemos postergar en el debate y en las acciones legislativas conducentes, pero sobre todo, un asunto que no podemos manipular a modo para buscar con ello un resultado político.

Por eso, la situación que se ha venido generando en los últimos años en perjuicio de algunos miembros del gremio periodístico del país, debe dimensionarse y atenderse, sobre todo en aquellas regiones del país que han sido vulneradas por la delincuencia organizada que tuvo un crecimiento exponencial en la pasada administración.

Es claro que en el entorno generado por el combate a las organizaciones del crimen organizado, los derechos fundamentales de los periodistas se han visto gravemente afectados.

Como es del conocimiento de todos, entre los años de 2007 y 2012, los delitos y actos contra periodistas se incrementaron de manera alarmante.

Las cifras reportadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Procuraduría General de la República, conformada en la pasada administración, indican que se cometieron en ese periodo poco más de 55 homicidios, incremento que se da respecto a los años que le precedieron, así como también un incremento en algunos años de tres a uno en cuanto a agresiones y lesiones físicas, amenazas, abusos de autoridad, entre otros, cometidos contra periodistas que estaban ejerciendo su profesión.

La propia organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocen que del periodo de 1999 a julio del año 2012, emitió 77 recomendaciones al Gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró desde el año 2000 al año 2012, 87 homicidios de periodistas; 16 apariciones y 28 atentados, de los cuales 19 por ciento han sido investigados y sólo siete por ciento han derivado en condena.

Estos registros lo que nos muestran es la necesidad urgente de hacer frente al problema, sin partidarismos y sin posiciones maniqueas, y buscando con ello evitar las agresiones y los crímenes contra periodistas y trabajar unidos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluyendo a los sectores involucrados por supuesto y a la sociedad en general, en razón de una sola causa común, que es la de garantizar la protección de los derechos humanos y el régimen de garantías a favor de los ciudadanos.

En este sentido, el dictamen que hoy se somete a consideración del Pleno y por el cual mi grupo parlamentario votará a favor, atiende ese reclamo, el reclamo de un gran sector social que se encuentra atento y preocupado para que se legisle de manera clara, oportuna y de modo plural e incluyente sobre el marco legal que se deriva de la reforma constitucional del 25 de junio del 2012, por  que se facultó a la federación para conocer, perseguir y resolver sobre delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta.

Quiero destacar que este dictamen por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales y las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República, recoge las opiniones y recomendaciones vertidas a lo largo de innumerables foros por especialistas y expertos en la materia, tanto de organizaciones de la sociedad civil organizada dedicadas a la promoción de la libertad de expresión, como de organismos internacionales para la protección de los derechos humanos, los cuales concluyeron en su momento, de manera genérica lo siguiente, dijeron estas organizaciones:

La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse, debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en ciertas zonas del país. Por ello es necesario adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigados por la jurisdicción penal ordinaria.

Por lo que estas reformas que se proponen reglamentan justamente esta facultad de atracción prevista en la Constitución, a efecto de que sea la federación quien se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden el ámbito de las entidades federativas, soporte que no existía hasta esta reforma.

Esta facultad sólo podrá ser ejercida, ya se dijo aquí, en aquellos casos en que por su relevancia y una vez que se presuma la comisión de delitos, y que en éstos exista una intención dolosa y se actualice cualquiera de las nueve causales que prevé el código adjetivo, procederá tal facultad tratándose del Ministerio Público Federal y de los tribunales federales para conocer, perseguir y resolver al respecto.

Sin embargo, debemos dejar claro que esta facultad, esta reforma en ningún momento federaliza delitos o crea nuevos delitos federales, ni tampoco tiene el objeto de permitir que se invadan esferas de competencia de las autoridades estatales, sino que pretende, repito, crear un nuevo régimen procesal para la facultad de atracción que podrá ejercer la federación en las hipótesis que ya hemos comentado.

Quisiera aprovechar para concluir, compañeras y compañeros legisladores, la oportunidad, no quisiera dejarla pasar, de hacer un reconocimiento muy sentido, muy amplio, a los integrantes de las comisiones dictaminadoras de Justicia, de manera especial a nuestra compañera Arely Gómez sin cuya participación no se hubiese avanzado con la celeridad con que se hizo; al presidente de la propia comisión, al senador Roberto Gil, que mostró en todo momento la disposición para que avanzáramos en el desarrollo de esta reforma.

A la de Derechos Humanos, a su presidenta Angélica de la Peña, y así como a la propia que preside su servidora, de Estudios Legislativos, en la que los integrantes de mi comisión mostraron siempre la disposición de establecer en un ánimo propositivo los requerimientos que la reforma necesitaba para salir adelante.

No quiero desconocer la valiosísima opinión emitida por la Comisión de Gobernación, cuya presidenta, Cristina Díaz, estuvo aportando a lo largo y ancho de este tiempo.

Estos trabajos resultaron muy provechosos, porque son en su conjunto, un análisis y discusión de las reformas, mismas que estamos seguros van a fortalecer la política de Estado que busca preservar uno de los mayores derechos que debe proteger nuestra Constitución, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, que es el de la libertad de expresión.

Sin estridencias, sin acusaciones falaces, sin posiciones partidistas, me parece que este es un momento histórico que la nación en su conjunto debe celebrar.

Muchas gracias.