Sen. Cristina Díaz Salazar (11-04-13)

Intervención de la Sen. Cristina Díaz Salazar, para referirse al dictamen a discusión respecto al Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del PJF, Ley Orgánica de la PGR y Código Penal Federal, el jueves 11 de abril de 2013.

Muchas gracias presidente;

Señoras y señores senadores:

El dictamen que se está presentando a esta Soberanía por parte de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación, es sin duda una muestra más del gran compromiso social y político del Senado de la República y de los grupos parlamentarios en esta Cámara representados.

En un amplio consenso, las comisiones dictaminadoras hemos alcanzado el acuerdo suficiente y necesario para transitar a una nueva regulación del derecho a la libertad de expresión y la protección de aquellas personas que en su ejercicio periodístico forman parte importante y trascendental de la sociedad, tanto para acceder a la información, como para informar en la parte que corresponde a la sociedad, de aquello que sucede en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo.

Las reformas que ahora se presentan y que estoy segura serán aprobadas por el Pleno del Senado, por su amplio contenido y su naturaleza intrínseca a favor de protección de periodistas y la libertad de expresión, de la necesidad de reglamentar la fracción Vigésima Primera del párrafo segundo del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instaura la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación, sobre delitos del orden común que agravien a periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Esta facultad es una innovación en el sistema jurídico mexicano, como bien lo ha expresado el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil, puesto que con ella se … la atribución de las autoridades federales para conocen de investigaciones que no tengan conexidad con delitos federales.

Estas reformas tienen como finalidad reconocer a los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y las violaciones a sus derechos humanos, por lo que ha resultado imperativo para este órgano legislativo, proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, y en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren en situaciones de alto riesgo.

En los últimos años, gran parte de estas agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión constituyen delitos de la competencia de la autoridad local, por lo que se considera conveniente que cuando estos delitos trasciendan del ámbito de las entidades federativas o tengan efectos a nivel internacional, sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, para garantizar una mayor eficacia en el manejo de los procesos correspondientes, evitando la impunidad.

Las recomendaciones internacionales que recibimos de la OEA y ONU, fueron consideradas como un llamado de alerta para los legisladores, y ameritó la renovación del marco normativo para permitir a las autoridades competentes de los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atenten contra la libertad de expresión.

En la Comisión de Gobernación consideramos que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser tutelado por el derecho penal, porque ésta se constituye en un bien jurídico que a la sociedad, como su titular le interesa, sea protegido y sancione a quienes la vulneren. Existen diversas posturas que sirven de sustento a este argumento.

De acuerdo con la Opinión Consultiva, OC, 5/85 de la Corte Interamericana, la libertad de expresión involucra por una parte el derecho y la libertad de expresar el pensamiento propio y por otro, el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, libertades, de buscar y recibir información que en el ordenamiento nacional se encuentran ya plasmados en el derecho a la información y titulado en el artículo sexto de nuestra Constitución.

Por tanto, ambos campos deben ser garantizados simultáneamente para la concreción de las libertades de expresión en su sentido más amplio, porque como bien afirma la misma Corte Interamericana, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indirigibles.

Proteger la expresión de libertad en nuestro país en beneficio de la sociedad, es un tema de interés de Estado.

Por ello, en la Comisión de Gobernación reconocemos el proceso de dictaminación llevado a cabo por las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, ya que en este proceso previo a la elaboración del dictamen, se llevaron a cabo no sólo un análisis minucioso y profesional de la iniciativa, como lo mandata el reglamento del Senado, sino también debemos reconocer que se escucharon todas las voces interesadas a través de un proceso de audiencias públicas.

Todas ellas de una gran importancia, sin dejar de señalar por supuesto la opinión de expertos nacionales, internacionales, también contamos con las  del alto comisionado de la ONU.

Es por ello que quiero agradecer la participación de quienes integran estas comisiones, y felicitar a las comisiones que dictaminaron, como integrante de la Comisión de Gobernación.

Felicito a todos mis compañeros por este alto compromiso en beneficio de la sociedad mexicana, a sus presidentes, Roberto Gil, de la Comisión de Justicia; Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos; Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, y a nuestra compañera Arely Gómez, como secretaria de la Comisión de Justicia, a quien le tengo un amplio respeto y reconocimiento a su trabajo cotidiano.

Muchas gracias, y esperamos contar con el voto de todos ustedes.